Desinformación y gasto social

La crisis de los últimos años ha puesto sobre la mesa numerosos escándalos políticos y financieros, algo que suele ocurrir cuando las alternativas democráticas permanecen anestesiadas. En este panorama surgen nuevas voces que se autoproclaman líderes honestos dispuestos a tomar el relevo y junto a ellos prolifera también la desinformación de sus voluntariosos propagandistas, quienes no dudan en aplicarse aquello tan viejo de no dejar que la realidad te estropee una buena noticia.

La desinformación como táctica para conseguir o mantener el poder es casi tan antigua como la humanidad. Se remonta por lo menos a los tiempos de las primeras conquistas tribales. Hay un viejo libro sobre el tema del periodista francés Roland Jacquard que puede seguir leyéndose hoy sin gran pérdida de vigencia.

El asunto que inspira esta entrada es el siguiente gráfico y más concretamente lo que algunos difundieron, y todavía propagan en las redes sociales, como interpretación legítima a partir de él. Todo un ejemplo de cómo alimentar el descontento social mediante la desinformación.

Grafico1Estos datos -sostienen- son la prueba de que los países mediterráneos, que más acusamos la crisis y donde más aumentan las desigualdades, estamos así debido a las malas políticas redistributivas. España -nos dicen- “gasta el doble en beneficios sociales para los más ricos que para los más pobres”, frente a otros países, supuestamente más modernos y equitativos, en los que los más pobres son los que más ayudas reciben.

Según esta idea, el aumento de las desigualdades locales no es debido al desempleo, la globalización o las carencias propias de economías internas poco competitivas y desequilibradas, sino al mal reparto de los recursos sociales que tienen estos Estados a su disposición. Otra vez el malvado capitalismo haciendo ricos a costa de los más pobres.

Pero… ¿qué nos dice ese gráfico? ¿nos saca de verdad los colores la OCDE?

Lo primero que hay que observar del gráfico es que recoge el dato en porcentaje de gasto social público en efectivo según grupo de ingresos, no el valor monetario, y un porcentaje mayor de gasto social público en efectivo en el grupo de ingresos altos no indica necesariamente que el país esté dando mayores beneficios sociales a los más ricos, ni que estos sean el doble para los más ricos, básicamente porque hay otras partidas de gasto social, no en efectivo y no necesariamente público, que engrosan también lo que se considera gasto social en cualquier país.

Lo segundo que hay que decir es que esos límites de ingresos no son los existentes entre un mileurista y algún miembro de la lista Forbes. En la España de 2011 el límite superior del primer quintil (los de menos recursos) es de poco más de 8.000 euros al año y el inferior del último quintil ni siquiera llega a 29.000 euros. Las diferencias recogen un abanico que nada tiene que ver con esa élite de los muy ricos en la que piensan quienes se erigen hoy en paladines de la igualdad distributiva. De hecho, la característica que define hoy a ese quintil de ingresos altos (clase media) no es lo bien que vive sino la desproporción entre los impuestos que paga y la calidad de los servicios que recibe, frente a los que no pagan suficientes, bien porque su riqueza está al margen de las nóminas o porque no pueden pagarlos, y perciben esos mismos servicios.

Lo tercero es una nota metodológica. Los gastos sociales en efectivo a los que alude el gráfico no tienen que guardar relación forzosamente con los ingresos, sino que algunos pueden derivarse de haber cumplido alguna condición para ser beneficiario, condición que puede ser algo tan general como haber cumplido la edad de jubilación o tener un hijo. En España, las pensiones de jubilación por edad representan un 34% de todo el gasto social en ese mismo año de referencia. Datos más actualizados se pueden ver aquí.

Si los paladines de la igualdad distributiva tuvieran algún interés en informarse (y no en hablar de beneficios sociales para los más ricos al tuntún), entenderían por qué resulta tan lógico que siendo nuestro principal sistema de pensiones obligatorio y público, una mayor contribución al sistema implique también una mayor pensión y el peso proporcional de estas pensiones se deje notar en el gráfico en unos países más que en otros. El mismo informe OCDE, del que se extrapola y malinterpreta el gráfico, advierte de esos dos grandes modelos: el que llama modelo europeo continental, por un lado, y el anglosajón y no europeo, por otro.

Pero es más, cuando se analizan solo los gastos sociales vinculados a los ingresos como porcentaje del gasto social público en efectivo, el informe destaca el caso español precisamente en sentido contrario a lo que nos dicen quienes distorsionan la realidad, siendo el cuarto país europeo que presenta un gasto de este tipo relativamente alto como porcentaje del PIB.

Un ejemplo de estos gastos públicos según ingresos serían las pensiones no contributivas, pero hay muchas otras ayudas sociales similares que tienen que ver con el desempleo, la salud, la vivienda, la educación primaria, la formación, etc. todas las cuales contribuyen al gasto social total.

El dato ordenado aparece en el siguiente gráfico.

Grafico2Para terminar con el resumen del informe, conviene señalar que cuando se consideran las prestaciones sociales privadas y el impacto del sistema impositivo (la progresividad fiscal es en sí un sistema de redistribución), se observan menos diferencias entre todos los países, como era de esperar. España ocupa el puesto 8 de los 33 en términos de gasto social público y el 10 en términos de gasto social total como porcentaje del PIB.

Grafico3El informe completo se puede ver aquí: Social Expenditure Update. Insights from the OECD Social Expenditure database (SOCX). November 2014 .

 

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