Florita y la Administración

La Administración española de finales del XIX es la gran protagonista de la comedia Sólo para hombres (1960), inspirada en la obra ¡Sublime decisión!, de Miguel Mihura. La película, dirigida e interpretada por Fernando Fernán Gómez y Analía Gadé, retrata dos aspectos de la sociedad de la época: por un lado, la incipiente y revolucionaria incorporación de la mujer al mundo laboral y por otro, la situación de la Administración en tiempos de máxima inestabilidad política y mínima productividad.

Arranca la historia con la joven Florita, que no quiere casarse ni tampoco quiere morirse por lo que decide buscarse un empleo. Para disgusto de la familia, consigue entrar en el Ministerio de Fomento. Allí, el jefe de negociado de obras presume de ascenso y de ser el mejor liando tabaco, mientras el oficial primero se encarga de mantener cerrada la ventanilla y los escribientes hacen diversas labores serviciales, entre las que rara vez se incluye atender al público. En ese ambiente, Florita llega al Ministerio, pero no llegará sola, pues se lleva su propio “aparato”, que consiste en algo parecido a… un bolígrafo.

La moderna Administración es muy distinta de la que refleja la película, pero cualquiera que haya tenido un sincero contacto con empleados públicos sabe que la herencia aún sigue pesando. No puede extrañar la propuesta que ha hecho algún presidente autonómico estos días de equiparar impuestos apelando a la solidaridad regional, a la vez que reduce horarios en su Administración autonómica para poder aumentar un poco más las plantillas. Lo que se tenga que producir para justificar el empleo o evitar el “¿Y ahora qué hago?” es menos importante que la colocación en sí, de ahí los empleados mano sobre mano, la casta del liberado sindical y las duplicidades y multiplicidades.

Desde la creación de las comunidades autónomas, numerosos servicios han sido transferidos a las regiones, sin que el poder central haya perdido del todo todos los suyos. Como resultado, se repiten a menor escala las mismas inercias, hagan o no falta; proceso inverso al que nos obligaría la lógica económica del ahorro y la mayor eficiencia en el gasto, además del sentido común, que pediría molestar lo menos posible al administrado. En lo que afecta a la estadística pública, un hotel de Menorca puede tener hoy varias administraciones como interlocutor, porque todas quieren saber cómo va el sector, pero cada una a su nivel, no basta el Estado, también hay que justificar el servicio para la provincia, isla, municipio y hasta barrio.

Es sorprendente lo poco que varía el peso del empleo público en nuestra economía con el paso del tiempo, las privatizaciones de algunas grandes empresas y las mejoras tecnológicas, incluyendo la administración electrónica, pero más sorprendente aún es que los cambios políticos no alteren ni un ápice el panorama y los viejos lemas y lamentos sindicales de “trabajar poco, a ver si meten a más” sigan coleando en el ambiente de los servicios públicos.

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Fuente: EPA, Población (INE)

Sólo durante la burbuja inmobiliaria, con la ocupación en máximos y la productividad no tanto, la tasa de empleo público por ocupado experimentó un ligero descenso y no fue por efecto de recortes en la burocracia, sino precisamente por esa mayor ocupación en el sector privado que permitió la combinación de burbuja y saldo migratorio positivo durante varios años seguidos.

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Ocupados del sector público respecto al total en cada comunidad autónoma. Fuente: EPA, INE

En 1987, los empleados públicos representaban el 15,9% de los ocupados; hoy, el 16,2%, aunque en algunas regiones llegan al 26% (Extremadura). Respecto a la población, suponían 4,9 por cada 100 habitantes y en 2015 ya eran 6,4. Si las privatizaciones y mejoras tecnológicas han cambiado en algo el tamaño del sector público ha sido para aumentarlo, no para reducirlo.

Pero antes de culpar del asunto a alguna peculiaridad hispana, piensen que la situación no es muy diferente en las burocracias de los demás países europeos. No hace mucho conocimos que las retribuciones de un empleado del parlamento italiano se asemejan a la asignación anual del Rey de España y en Alemania, un jubilado reconoció abiertamente haber pasado los últimos 14 años sin hacer nada. La incontinencia gastadora es inherente al poder político y sus allegados, al carecer de referencias sobre el valor y las necesidades reales de aquello que los mantiene ocupados.

¿Muchos o pocos?

Comparaciones numéricas con otros países dan a entender a menudo que el empleo público en España no es excesivo, ya que las tasas de empleados (por ocupados, activos o asalariados) no se encuentran entre las más altas.

Ocurre que el empleo público es una variable difícil de medir, aunque no lo parezca, y más difícil aún de armonizar entre los países, por las peculiaridades de la legislación de cada cual.

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Fuente: OECD

En España, el dato comúnmente aceptado procede de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sirve de referencia para organismos internacionales, como OIT y OCDE, pero el empleo así calculado depende de la correcta clasificación del asalariado hecha por encuestado y encuestador, no siempre clara debido a la abundancia de empresas e instituciones, con y sin fines de lucro, públicas o no del todo, pero cuya financiación mayoritaria sí lo es. Además, al tratarse de una encuesta por muestreo sobre viviendas familiares en el territorio, deja fuera al asalariado público que ejerce sus funciones y vive habitualmente en el extranjero (embajadas, institutos).

El fichero central de personal que custodia el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas permite conocer otra cifra (empleo público registrado), normalmente inferior a la de la encuesta, debido a la larga lista de asalariados que también deja fuera: órganos constitucionales, como el Congreso y el Senado, CNI, cargos electos, altos cargos, personal no administrativo de empresas públicas, eventuales de menos de seis meses, etc.

Todo lo cual nos lleva a pensar que el empleo público real, cifrado en torno a tres millones, puede estar siendo subestimado. Ello explicaría que al calcular el coste y dividir entre el número de empleados, parezca que España es el país que mejor paga a sus empleados públicos. El numerador procede de una fuente administrativa directa, pero el denominador es una aproximación. Ante la falta de una cifra más ajustada, lo que hay siempre será mejor que nada, pero debe tomarse como lo que es: una estimación, no el resultado de un simple conteo.

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