Temporalidad y subterfugio

La intención del Gobierno español de reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas mediante la consolidación de 300.000 interinos en los próximos años ha llamado la atención en diferentes medios, pero el objetivo de estabilizar el empleo está siempre presente en las convocatorias que hacen las administraciones. Vean las ofertas de empleo público de 2004, 2007 y 2011, por mencionar sólo algunas.

Más llama la atención, creo yo, que siendo una intención tan invariable a lo largo del tiempo, el empleo temporal nunca baje de ciertas cifras y, si lo hace un año, es para volver a subir los siguientes.

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

Da igual la Administración de la que se trate (Central, Autonómica o Local) y el color político del gobierno que esté en ese momento. Desde hace muchos años, la tendencia en las administraciones públicas, para contento sindical, es facilitar la fijeza en el empleo de todos aquellos que previamente entraron como personal temporal con algún tipo de contrato, ya sea mediante un examen poco publicitado y protegido de filtraciones, una bolsa de empleo o una simple entrevista personal.

Conocí a una administrativa que había empezado como redactora en un periódico local, posteriormente cerrado. En su nueva condición de simple burócrata se quejaba de que lo suyo no era eso, si bien no negaba que prefería la reconversión a tener que buscarse otro empleo de periodista. Las formas de acceso a la función pública empezando con un empleo temporal pueden ser de lo más variopintas. Se habla mucho de los profesores y las urgencias de los hospitales, pero también puede servir para el personal de una radio local que ningún contribuyente solicitó tener.

Una vez “reconvertidos”, el mecanismo para otorgar ventaja a los interinos en estas convocatorias consiste en valorar en el proceso la antigüedad en la administración, lo que deja prácticamente sin opciones al que sólo haya superado la fase de oposición o examen. Y ello, aunque la antigüedad que se reconozca a estos empleados no coincida con la real. La legislación, previamente pactada con los representantes sindicales, obliga a computar como tal incluso largos períodos de baja o ausencia justificada, durante los cuales lo único cierto es que la persona no trabajó.

Ningún sistema de selección de personal está libre de errores y dar ventaja a quienes ya conocen el medio puede tener su razón de ser, pero aquí hablamos de la función pública. Si la mayor pericia de estos empleados justifica que se les otorgue alguna ventaja en el proceso selectivo, no se entiende bien por qué deberían protegerse de la competencia con baremos a medida, y si no son los más aptos ¿por qué habrían de tener alguna ventaja?

Con su plaza ya “en propiedad” o su contrato indefinido, el nuevo personal fijo seguirá la carrera administrativa buscando mejor acomodo y, al cabo del tiempo, los servicios por los que fue originalmente contratado volverán a tener las mismas necesidades que motivaron su contratación. En la Administración puede sobrar personal en un sitio y faltar en otro, pero no hay mecanismos que permitan poner en relación ambas ideas sin pasar por la soberana voluntad del empleado. Se da el caso de que hay funcionarios testimoniales (llamados “de pasillo” o “con mochila”) sin otra misión que cobrar hasta su jubilación.

En la Administración confluyen intereses políticos, personales y sindicales y no es extraño descubrir familias enteras que han encontrado su destino dentro de ella, como si una vez conocido el sistema de acceso y promoción por la vía rápida, el secreto se heredara de padres a hijos.

Las leyes que se hacen para garantizar los derechos del trabajador se olvidan a menudo de los derechos de quienes contribuyen a su mantenimiento, pero el gasto público derivado de estas ineficiencias afecta a las cuentas públicas y con ello al conjunto de la sociedad.

Fuente: Eurostat

El gasto público es sobre todo protección social, lo que incluye las pensiones, y empleo público. Cualquiera que pretenda una reducción significativa sin alterar las demás partidas, que se consideran igualmente esenciales, se tendrá que enfrentar al dilema de tocar las pensiones, el empleo o ambas cosas.

En 2012, con el déficit público muy por encima de lo aceptable en la Eurozona (3% PIB), Felipe González, Presidente de Gobierno durante varios años (1982-1996), sugería en una entrevista la posibilidad de reducir gradualmente la estructura de la administración, bajando su peso sobre la población activa un 20%, incluso hablaba de la dudosa necesidad de las diputaciones, una vez consolidada la administración autonómica. Bien es verdad que cuando ésta se expandía, precisamente durante sus legislaturas, nadie hizo nada para encarrilar la desaparición de aquellas. Si su tasa de reposición se hubiera puesto entonces a cero, hoy ya no habría diputaciones, el personal residual se habría distribuido a las comunidades autónomas o ayuntamientos y los municipios que lo precisaran se organizarían en mancomunidades, tal y como ya ocurre en comunidades autónomas uniprovinciales.

El peso del empleo público sobre la población activa era en 2012 del 13,2% y hoy sigue siendo prácticamente igual (13,1%). Si nos vamos más atrás en el tiempo, en 2001, por ejemplo, sale sólo unas décimas superior. Puestos a ver tramas pesadas y oscuras sobre nuestra economía, a lo mejor también hay que incluir la de sindicalistas, anarquistas y anticapitalistas, que hablan de banqueros y gánsteres, mientras buscan mantener su cuota de empleo público a la sombra de la estatolatría imperante.

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